Ha sido muy difícil para los defensores de una reforma migratoria integral encontrar una buena noticia últimamente. Con los políticos de Georgia, Carolina del Sur y Alabama determinando aparentemente superarse el uno al otro en su duro trato a nuestras comunidades inmigrantes, uno solo podría sentarse con la boca abierta y quedar estupefacto con las personas que se hacen llamar cristianos trabajadores de las leyes diseñadas para separar familias y mantener a los jóvenes inmigrantes desempleados y sin educación.
Pero hay algunas buenas noticias y algunos destellos de esperanza en medio de toda la tristeza y desesperación.
Primero, todos podemos derramar algunas lágrimas de cocodrilo por el Centro de Detención del Condado Irwin, una cárcel privada en el suroeste de Georgia que fue forzada a declararse en bancarrota el mes pasado después de no poder atraer suficientes internos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y los departamentos estatales de corrección para cubrir su deuda de $55 millones.
Los críticos durante mucho tiempo han creído que la tendencia actual de construir centros de detención con fines de lucro como aquellos de Corrections Corporation of America, han creado una demanda artificial de delincuentes de bajo nivel que los jueces conservadores y ciertos legisladores de los partidos políticos están mas que dispuestos a proporcionar.
Luego levantamos nuestra copa a la familia Noris en Richmond Hill, Georgia que el mes pasado tuvo éxito convenciendo al juez federal de inmigración de concederles el cierre administrativo de la órden de deportación de José Luis Noris. Esta decisión probablemente no habría sido posible hace uno o dos años, antes que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos implementara una nueva política de concederle a las cortes de inmigración discreción procesal en los casos de baja prioridad.
La esposa de José Noris, Jeresia, solicitó a los tribunales una exención por dificultades en 2011, después de dar a luz prematuramente a una diminuta niña llamada Camila María de Jesús. La desición del mes pasado no cambia el estatus legal de Noris pero significa que los fiscales de ICE determinaron que su caso no es de prioridad alta y no se realizará su deportación en este momento.
Salvo cualquier avance repentino en la presión por una reforma migratoria integral, la familia Noris todavía tiene un largo camino por recorrer antes de que sus problemas terminen, pero gracias a la nueva política, José Noris puede seguir estos pasos, mientras que sus pies estén todavía en suelo estadounidense.
Finalmente, ese sonido sibilante gigante que escuchamos la semana pasada vino de la boca de los miles de defensores de la reforma, que vieron con horror e incredulidad como algunos legisladores de Georgia trataron de elaborar una nueva ley que no sólo haría desaparecer a los jóvenes indocumentados de todas las universidades de Georgia y las escuelas de comercio, sino también hacer que sea imposible para sus familias el acceso a servicios básicos como la electricidad y el servicio de agua.
El patrocinador de SB458, el senador estatal Barry Loudermilk, dijo que le estaban quitando los puestos en la universidad a los ciudadanos estadounidenses y que asistir a una universidad pública es un privilegio que se concede sólo a los ciudadanos. Pero la ley federal no prohíbe a los inmigrantes indocumentados asistir a universidades públicas, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
A los estudiantes indocumentados ya les está prohibido asistir a varias universidades de Georgia que tienen límites en el número de estudiantes que pueden aceptar, así que es evidentemente falso afirmar que los estudiantes inmigrantes le están quitando los puestos en las aulas a los estudiantes ciudadanos.
El canciller de Sistema Universitario, Hank Huckaby, habló en contra de la SB458, diciendo que los estudiantes indocumentados no reciben el beneficio de la matrícula estatal, y por lo tanto, no cuentan con el apoyo del dinero de los contribuyentes. Por el contrario, pagan la matrícula fuera del estado, que es tres veces más cara. Estudios previos han mostrado que la matrícula fuera del estato es una ganancia neta financiera y Huckaby cree que el sistema actual debe permanecer en su lugar.
De 318.000 estudiantes en el Sistema Universitario, sólo unos 300 son indocumentados. Esto significa que menos de un 0,001% de la población estudiantil actual se vería afectada por esta supuesta legislación 'vital'.
Otra sección mal concebida de esta legislación eliminaría los pasaportes extranjeros de la lista de documentos de identificación aceptables. De acuerdo a una carta de la Conferencia Católica de Georgia, “Esta enmienda impediría legalmente que los no ciudadanos usen los pasaportes extranjeros como una simple prueba de identidad para cualquier propósito oficial, incluyendo el propósito de obtener una licencia de matrimonio del estado.”
Al igual que muchos de los asuntos que los legisladores como Barry Loudermilk están trabajando tan arduamente para resolver, éste suena como otra simple solución en busca de un problema. Pero al menos por hoy, todos podemos respirar con alivio y dar gracias a Dios de que nuestro estado envíe a casa a sus legisladores después de 40 días en la sesión.