Lunes 20 de Octubre, 2014
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Los familiares de militares de Estados Unidos obtienen estatus legal
La Voz
Los familiares de militares de Estados Unidos obtienen estatus legal

De acuerdo con una directiva emitida el mes pasado, el gobierno de Obama permitirá que algunos familiares de los miembros del servicio de los Estados Unidos que viven ilegalmente en el país se queden aquí.
Desde que tomó el cargo en 2009, los esfuerzos del presidente Obama para pasar una reforma migratoria integral han sido bloqueados por los opositores republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Como resultado, la administración Obama ha promulgado una serie de cambios graduales en la aplicación de las leyes de inmigración, diseñadas para llevar a cabo muchos de los mismos objetivos que la reforma integral.
La última orden da a los oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos el poder de “libertad condicional en lugar” a los cónyuges inmigrantes, niños y padres de los actuales miembros del servicio de los Estados Unidos, reservistas y veteranos. El cambio significa que los inmigrantes pueden aplicar para vivir legalmente en los Estados Unidos.
Este memorando dice que antes de que alguien sea deportado, los oficiales de ICE deben considerar si él o ella es el cuidador principal de un niño menor de edad, si tiene un interés directo en un tribunal de familia o procedimiento con el bienestar social, o si es el padre o protector de los niños que son ciudadanos de los Estados Unidos o residentes permanentes legales.
Según el abogado de Savannah, Joe Berrigan, la nueva política permite a los familiares directos que se encuentran en los Estados Unidos sin un estatus legal ser “puestos en libertad condicional en su lugar” si pueden cumplir con ciertos requisitos mínimos.
“Al leer la nota de nueve páginas, la “libertad condicional en su lugar” descrita en la nota es una cuestión discrecional,” dijo Berrigan. “No es automático. El solicitante debe completar el formulario I-131, la solicitud de documento de viaje, a la USCIS que tiene jurisdicción sobre el solicitante. Para los residentes de GA, la oficina está en Atlanta, y para estas aplicaciones específicas, el director de USCIS, ha renunciado a la usual exagerada tarifa.
El peticionario tiene que tener evidencia de la relación familiar que se reclama, tales como certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, y similares. Otra evidencia necesaria involucra el servicio del familiar extranjero en las fuerzas armadas, lo cual se realiza mediante la presentación de pruebas, como una fotocopia de ambos lados de la tarjeta de identificación militar del miembro del servicio (Formulario DD 1173).
Finalmente, dos fotos a color tamaño pasaporte deben ser incluidas, junto con la evidencia adicional de algunos factores discrecionales favorables que el solicitante desea que sean considerados. Esta evidencia adicional consideraría documentos de soporte como declaraciones juradas de un pastor de la iglesia, funcionario de la escuela, los grupos de servicio a la comunidad, u otros papeles favorables que muestran que el solicitante es un miembro valioso de la sociedad estadounidense.
Si la discreción del oficial de la audiencia se utiliza favorablemente, la libertad condicional es autorizada en incrementos de un año, con extensiones según sea apropiado. El solicitante no puede ser de otra manera inadmisible debido a un historial criminal serio y similares.
Aunque la nota no habla de la autorización de trabajo, ha sido de mi experiencia que una solicitud de autorización de trabajo se puede hacer después de que la “libertad condicional en su lugar” es aprobada, debido a que el USCIS no quiere que nadie esté presente aquí en los Estados Unidos sin la capacidad de proveerse ellos mismos.
Esta nueva política no debería ser considerada como una forma de entrar a los Estados Unidos sin inspección después de la fecha del anuncio (15 de noviembre de 2013) ya que las personas que ingresan a los estados Unidos después de esa fecha, no tendrán derecho a “la libertad condicional en su lugar.” Ellos tendrán que volver a casa.
Se invita a los lectores de La Voz interesados en aprender más acerca de este cambio de política a llamar al abogado Berrigan a su oficina: (912) 236-9818 o ponerse en contacto con cualquiera de los otros abogados de inmigración cuyos servicios se anuncian en esta publicación.