(Los críticos afirman que las nuevas leyes harían mucho más fácil que los agricultores explotaran a los trabajadores)


En un comunicado de prensa el 16 de noviembre 2011, el congresista Jack Kingston (R-GA) anunció una legislación que fundamentalmente reformaría el programa de visa de trabajadores de temporada H2A por medio del cual los agricultores y ganaderos son reunidos con trabajadores agrícolas de temporada. El Acta BARN revisa lo que Kingston dice que es un sistema roto y reemplaza las regulaciones excesivamente pesadas por aquellas que faciliten a los agricultores y ganaderos acatar la ley.
“El gobierno federal le ha fallado a los agricultores Estadounidenses”, dijo Kingston. “El proceso se ha hecho tan pesado, que aquellos que quieren cumplir con la ley, no puede hacerlo. Incluso cuando un agricultor navega con éxito la burocracia, otra línea los espera con requisitos terribles. Si se aprueba, permitiría que los agricultores consiguieran mano de obra legal y calificada a través de un sistema de rendición de cuentas y continuarían produciendo los suministros de alimentos más seguros y abundantes en el mundo.”
Este tema es de mucha importancia para los agricultores de Georgia después de la aprobación de la HB 87 el año pasado, una ley diseñada para sacar a los inmigrantes indocumentados de Georgia. Debido a la escasez de mano de obra resultante, los agricultores de Georgia se vieron forzados a dejar de recibir millones de dólares de los arándanos, cebollas, melones y otros cultivos que no fueron cosechados y se pudrieron en sus campos.
Entre otras medidas, el proyecto de ley de Kingston, que ha sido co-patrocinado por el congresista Lynn A. Westmoreland (R-GA), desplazaría una parte de la responsabilidad reguladora del programa H2A del Departamento de Trabajo al Departamento de Agricultura, expandiendo la definición de los trabajadores agrícolas para incluir la industrias láctea y ganadera, removiendo los requisitos para que los agricultores contraten trabajadores nacionales durante un período de contrato donde no hay necesidad existente de trabajadores adicionales.
De acuerdo a Dawson Morton, abogado senior de la División de Derechos de los Trabajadores Agrícolas de los Servicios Legales de Georgia (GLS- siglas en inglés), establecería una nueva estructura de salario mínimo que reduciría la actual estructura salarial de los trabajadores nacionales y extranjeros.
Bajo la nueva ley, los trabajadores extranjeros pueden permanecer en los Estados Unidos hasta por 2 años, antes de verse obligados a regresar a su país de origen. Las regulaciones actuales obligan a los agricultores a construir viviendas para los trabajadores permanentes. Pero bajo la nueva ley, los agricultores tendrían la opción de usar vales de vivienda para poner a trabajadores temporales en las viviendas existentes, como casas móviles privadas.
Una de las partes más controvertidas de la legislación propuesta, restringiría la supervisión del programa H2-A por parte de las agencias de interés público, incluyendo Servicios Legales de Georgia. En su comunicado de prensa, Kingston se refiere a esto como “establecer reformas razonables sobre la Corporación de Servicios Legales.”
Irónicamente, gran parte de la labor de promoción proporcionada por los Servicios Legales de Georgia es hecha a nombre de los trabajadores ciudadanos Estadounidenses.
A comienzos de este año, el representante de los Estados Unidos, Austin Scott (R-Tifton), presentó un proyecto de ley que eliminaría la Corporación de Servicios Legales. La organización no lucrativa creada por el congreso, es un patrocinador clave de los Servicios Legales de Georgia. Scott introdujo la legislación tres días después de que fue anunciado que los Servicios Legales habían ganado un juicio de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos contra Hamilton Growers, al descubrir que la granja de vegetales Norman Park de Georgia, había incurrido a un patrón o práctica de negar regularmente horas de trabajo y asignando trabajos menos favorable a los trabajadores de Estados Unidos, en favor de los trabajadores huéspedes H2-A.
En febrero de 2011, Servicios Legales de Georgia fue a juicio en el Distrito Sur de Georgia representando a 80 trabajadores H-2A de México que trajero reclamos bajo el Acta de Normas Laborales Justas contra Bland Farms LLC, el mayor productor de cebollas Vidalia en el país.
En el curso de su investigación, los agentes de GLS viajaron a México para entrevistar a los demandantes. Pero la legislación propuesta de Kingston prohíbe el activismo legal, a menos que el extranjero esté presente. También prohibiría iniciar una acción civil a menos que las contrapartes hayan intentado la mediación, y prohibiría entrar a la propiedad del empleador H-2A, sin citas arregladas.
“Bajo esta propuesta, todos esos trabajadores, muchos de los cuales son de Georgia, se enfrentarían a una reducción de salario de un promedio de $1.57 por hora,” dijo Morton. “Del mismo modo, debido a que la propuesta de Kingston permite a los granjeros importar trabajadores experimentados sin tener que pagar salarios más altos, la gente de Georgia que trabaja en posiciones calificadas en la agricultura, probablemente perdería esos trabajos por trabajadores extranjeros más baratos. Esos trabajadores tendrían que trabajar por un promedio de $3,57 por hora o ser reemplazados por la mano de obra extranjera barata que el proyecto de ley de Kingston autoriza. Eso incrementa la pobreza y perjudica a los trabajadores estadounidenses al igual que reduce los salarios de los trabajadores extranjeros.”
“La propuesta de limitar el acceso de trabajadores del campo a la justicia, es también perjudicial,” continuó Morton. “Hemos ayudado a los trabajadores a entablar demandas que dejaron expuesto a un granjero de Georgia que despidió intencionalmente a trabajadores estadounidenses para reemplazarlos por extranjeros, un agricultor fingiendo horas de trabajadores extranjeros para pagar menos, un granjero y su supervisor requiriendo trabajadores para devolver parte de su salario (para ocultar los salarios por debajo), y muchos agricultores pagando a los trabajadores menos de lo que se les prometió, a menudo menos del salario mínimo.”
“Sin acceso a abogados, los trabajadores del campo, tanto estadounidenses como extranjeros, tendrán un tiempo mucho más difícil asegurándose que les paguen lo justo, y tendrán pocos recursos cuando descubran que han sido mal pagados o engañados,” dijo Morton. “El requisito del proyecto de ley de que los trabajadores extranjeros deben estar presentes en los Estados Unidos para iniciar una demanda, permitiría a los empleadores agrícolas inescrupulosos pagarle menos a los trabajadores, y luego, si los trabajadores retan al empleador, la granja simplemente los podría deportar para evitar enfrentar un pleito por no pagar salarios. Por ejemplo, en nuestros litigio con Bland Farms, esa disposición le habría permitido a Bland guardar más de $10,000 en salarios no pagados.”